La noticia
El Congreso aprobó una reforma que le permitía encarcelar por prisión preventiva oficiosa a personas acusadas de ciertos delitos fiscales. Específicamente, se buscaba aplicar para el factureo, el contrabando y el fraude fiscal por montos superiores a 8.7 millones de pesos. Supuestamente esta iniciativa buscaba afectar únicamente a las personas más ricas. Sin embargo, es bien sabido que las redes de factureras, o empresas fachada, suelen involucrar a personas vulnerables y que normalmente son estas, y no las cabezas de las redes, quienes pagan las consecuencias.
Es por ello que la Suprema Corte anuló la prisión preventiva oficiosa para estos delitos. Esto implica que la Fiscalía tendrá que justificar por qué la prisión preventiva es necesaria en cada caso, en lugar de que suceda automáticamente.
La buena noticia
La prisión preventiva afecta de forma casi exclusiva a la población más vulnerable del país. Obligar a la Fiscalía a justificar la necesidad de la prisión preventiva implica dar protección a esta población, en lugar de que la acusación, que podría tomar años en llegar a un juicio, sea suficiente para arruinarles la vida.