El Ejecutivo federal presentó una iniciativa que ampliará los derechos de participación política de extranjeros en México. Si bien la iniciativa ha sido criticada por la oposición como un método de “escudar” a asesores “cubanos y venezolanos” en el gobierno, es importante recordar que la deportación por opinar sobre la política mexicana es sumamente autoritaria, y contraria al derecho a la libertad de expresión.
Permitir que un extranjero opine sobre la política en México no implica permitir que se postulen para cargos de elección popular, o aquellos limitados explícitamente para la ciudadanía. Más bien, implica permitir que aquellas personas que residan en México, pero no son ciudadanas, puedan opinar sobre la situación sin riesgo a perder su hogar, o que periodistas no mexicanos puedan escribir artículos sin que implique que puedan ser expulsados del país.
La buena noticia
La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Es por ello que la reforma propuesta es positiva, ya que expulsar a una persona que le afectan las políticas del país, pero que no puede votar, por emitir su opinión sobre la situación es un legado del autoritarismo en México, además de que la aplicación de esta ley siempre ha sido muy selectiva.