Un juez federal ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y a otras instancias del gobierno a pagar 91.5 hectáreas de terrenos privados que ahora forman parte del AIFA, tras un amparo en el que los herederos de Raúl Romero Zenizo probaron ser los dueños de dos fracciones de terrenos por las que no fueron indemnizados. La SEDATU se había rehusado a pagar la indemnización correspondiente ya que los consideraba de “propiedad nacional” cedidos al Ejército.
La buena noticia
La administración actual no ha sido particularmente famosa por la planificación adecuada de sus obras. Incidentes similares han sucedido con el Tren Maya, por problemas en la liberación del derecho de vía para la construcción de la obra. En este sentido, es de suma importancia que se responsabilice al gobierno cuando comete estas fallas, ya sea intencionales o no, ya que de lo contrario se le permite actuar arbitrariamente sin consecuencia alguna.