La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico en el país. Con 382 votos a favor y 88 en contra, la medida reconoce al maíz nativo como un “elemento de identidad nacional” y establece que su cultivo debe mantenerse libre de modificaciones genéticas. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, destaca la importancia de proteger la biodiversidad, la soberanía alimentaria y los conocimientos tradicionales asociados a este grano fundamental en la cultura mexicana.
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Morena y aliados lideran veto a maíz transgénico
El veto a la siembra de maíz transgénico recibió el respaldo de Morena y sus aliados, además de algunos legisladores de Movimiento Ciudadano. Aunque la diputada Claudia Ruiz Massieu apoyó la reforma, sugirió que los productores tengan acceso a nuevas tecnologías para garantizar la soberanía alimentaria. Con esta modificación, el Estado mexicano asume la responsabilidad de preservar el cultivo del maíz nativo y evitar el uso de semillas genéticamente modificadas dentro del territorio nacional.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte del PAN y otros sectores de la oposición, quienes señalan que la reforma carece de bases técnicas y responde a motivaciones ideológicas. Además, advierten sobre posibles repercusiones económicas y comerciales, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Según el diputado Luis Agustín Rodríguez, la medida podría causar aumentos en los precios y afectar la competitividad del sector agrícola mexicano.
La prohibición del cultivo de maíz transgénico contrasta con la reciente resolución de un panel del TMEC, que falló en contra de México en diciembre pasado. El país no pudo demostrar científicamente que el maíz modificado representa un riesgo para la salud humana, lo que lo obligó a levantar las restricciones a las importaciones de este grano. México es autosuficiente en maíz blanco, pero depende de las importaciones de maíz amarillo de Estados Unidos para la industria y la ganadería. La reforma ahora deberá ser aprobada en el Senado para su implementación definitiva.
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