El Instituto Nacional Electoral presentó un juicio electoral en contra del Congreso de la Unión derivado de la promulgación del plan B en el Diario Oficial de la Federación. Debido a que la ley ordena el despido del secretario ejecutivo de la institución, el INE argumenta lo siguiente: 1) la Constitución prohíbe las leyes privativas (en contra de personas específicas); y 2) la designación de un secretario ejecutivo es facultad exclusiva del Consejo General del INE, quien lo designó al cargo por 6 años.
La buena noticia
Aunque el INE anunció que acatarán el plan B hasta que haya resoluciones judiciales, tal y como es su obligación, las disputas legales aclararan su constitucionalidad y la aplicabilidad de las leyes para el proceso electoral de este año, que comenzó antes de la expedición del paquete de reformas. Aunque no le corresponde al Tribunal Electoral determinar si el plan B es, o no, constitucional, sí le corresponde determinar su aplicabilidad para las elecciones, por lo que es probable que en las próximas semanas se aclare bajo qué reglas se organizaran las elecciones de este año.