Más de 2 mil miembros de la comunidad científica han pedido detener la propuesta para sustituir a la actual Ley de Ciencia y Tecnología, ya que la consideran “antidemocrática y excluyente”. Consideran que la propuesta restringe la libertad académica, elimina el compromiso del país a otorgar un presupuesto estable para la investigación. De hecho, han señalado que la propuesta podría utilizarse para no otorgar recursos a líneas de investigación poco convenientes para el gobierno.
La buena noticia
El comunicado de la comunidad científica ha tenido un impacto lo suficientemente grande como para que el gobierno se haya visto obligado a responder. Aunque María Elena Álvarez-Buylla, titular de CONACYT, ha desacreditado el comunicado como “infodemia” y “boycot”, se espera que la presión de la comunidad sea suficiente como para obligar al gobierno a escuchar las quejas de los científicos.